*Carta abierta al Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Aguascalientes
Por Mariana Ávila Montejano
Señoras y señores consejeros universitarios:
Según ha trascendido en medios locales, la Fiscalía General del Estado obtuvo autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores para realizar el Cuarto Foro Internacional de Seguridad y Justicia, con agencias estadounidenses como el FBI y la DEA, y la sede sería la UAA. Las ediciones anteriores se hicieron en otros espacios. Si esto es así, la sede fue una decisión. Por eso les pregunto: ¿en qué momento alguien decidió que la Universidad Autónoma de Aguascalientes era un conjunto de salones disponibles para cualquier evento del gobierno?
La autonomía no es un adorno del nombre. Es la garantía de que la universidad piensa, enseña e investiga sin subordinarse al poder político, y de que debe cuestionar cuando hace falta. Esa distancia crítica no se pierde solo cuando un gobernante da órdenes. También se pierde, de manera más silenciosa, cuando la institución presta su casa, su prestigio y su espacio académico para la vitrina de una política pública.
Se que la UAA depende de recursos federales y estatales. Precisamente por eso la autonomía se defiende con decisiones visibles y no se da por sentada. Quien depende del presupuesto debe cuidar más su independencia, no menos.
El tema, además, no es neutro. Aguascalientes se presenta como uno de los estados más seguros del país mientras organizaciones civiles, colectivos de búsqueda y observatorios documentamos feminicidios, desapariciones y violaciones a derechos humanos que ese relato no alcanza a explicar. Un foro de seguridad organizado por la Fiscalía, con agencias extranjeras, dentro de una universidad pública, se convierte en aval académico de esa narrativa. Es decir ¿Quiénes hablarán? ¿Estarán las víctimas, las madres buscadoras y la academia crítica, o solo quienes ejercen y promueven la política de seguridad?
También hay preguntas sobre la vida cotidiana de la universidad. Un evento con agencias de seguridad extranjeras implica operativos, controles y la presencia policial dentro del campus, con efectos sobre las y los estudiantes, el personal docente y la actividad académica.
No cuestiono que la universidad dialogue con las instituciones de seguridad y justicia. Cuestiono que lo haga sin transparencia y sin condiciones. Una cosa es abrir un debate académico plural (sin agresores) y otra es ceder el escenario. Por eso les pido, como integrantes de esta comunidad y como defensora de derechos humanos:
1.- Que informen públicamente quién autorizó el uso de las instalaciones, bajo qué convenio o acuerdo y si el Consejo Universitario fue consultado.
2.- Que transparenten las condiciones del evento: costo, responsables, protocolos de seguridad y afectaciones a la actividad académica.
3.- Que garanticen espacios para voces críticas, incluidas víctimas, colectivos y academia, si el evento se realiza.
4.- Que establezcan criterios claros, aprobados por el propio Consejo, para decidir qué eventos externos puede albergar la universidad.
La autonomía se ejerce o se pierde. Les pido que la ejerzan.
Mariana Ávila Montejano es politóloga y defensora de derechos humanos. Fundadora del Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes
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