Por Mariana Ávila Montejano
Una universidad pública se sostiene con trabajo concreto: docentes que dan clase por horas, personal administrativo, intendencia, vigilancia, cuidados. Es un trabajo muchas veces precario, muchas veces hecho por mujeres y casi siempre invisible. Por eso, el aumento de sueldo del rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes no es un dato de nómina. Es un mensaje sobre qué trabajo y cuál vale más dentro de la institución.
Según la Plataforma Nacional de Transparencia, la percepción mensual bruta del rector, Juan Carlos Arredondo Hernández, pasó de 141 mil 327 pesos a 253 mil 364 entre el primer trimestre y septiembre de 2024. Es casi 80 por ciento más, unos 168 mil pesos netos al mes. A las personas sindicalizadas se les acordó un cuatro por ciento, y sólo después de advertir un paro.
El rector dice que su sueldo está etiquetado por la Federación y respeta el artículo 127 constitucional. No tengo elementos para decir lo contrario. Pero la pregunta de fondo sigue sin respuesta: el tabulador publicado por la universidad marca 87 mil 876 pesos quincenales. ¿Quién aprobó la diferencia, cuándo y con qué criterio?
Esto no es curiosidad: saber cómo se usa el dinero público es un derecho, y rendir cuentas es una obligación de quien lo ejerce, no un favor. Fueron las y los estudiantes quienes lo ejercieron. El 27 de octubre lanzaron ¿Cuánto gana mi profe?, con datos que ya eran públicos. Preguntaron, y la respuesta ha sido técnica, como si la ley bastara para cerrar la conversación.
Hay otra parte que no debe quedar fuera. El propio rector reconoció que algunos docentes recibieron llamadas de extorsión tras difundirse sus percepciones. Es un riesgo real. La transparencia debe pesar sobre quien concentra el poder y proteger a quien trabaja en la base. Cuando los datos se usan para exponer a quien cuestiona o a quien menos gana, se castiga la pregunta en lugar de cuidar lo público.
Sabemos que la dignidad no se mide con un tope constitucional. Se mide en cómo se reparten los recursos, el reconocimiento y el riesgo. Una institución que dice formar con sentido crítico no puede pedir confianza mientras no explica una decisión de este impacto.
Por eso planteo: que el rector dé una explicación completa y pública y, si no puede darla, que renuncie. No como castigo, sino como reparación de la confianza.
«Siempre ha sido así» es la frase con la que se justifican muchos silencios, y no sólo en las universidades. Las y los estudiantes ya hicieron su parte. Falta que la comunidad universitaria decida si va a acompañarlos o a callar.
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