Al enfatizar que el patrimonio de una persona adulta mayor representa el esfuerzo de toda una vida, la diputada Arlette Muñoz presentó una iniciativa legislativa orientada a fortalecer la protección patrimonial, jurídica y personal de este sector en Aguascalientes frente a conductas de engaño, manipulación, abuso de confianza o aprovechamiento de relaciones de parentesco y cuidado.
Durante su intervención, la legisladora advirtió sobre la dimensión del problema al señalar que, de acuerdo con datos del INEGI, aproximadamente el 70% de la población adulta mayor a nivel nacional sufre algún tipo de abuso o violencia.
En el ámbito local, el Instituto Aguascalentense de las Personas Adultas Mayores (IAPAM) canaliza en promedio 15 casos mensuales relacionados con situaciones de despojo de bienes, abandono, falta de atención o abuso por parte de familiares o cuidadores.
Las personas adultas mayores tienen el derecho absoluto de decidir, administrar y disponer libremente de sus bienes. Por ello, la iniciativa busca blindar esa voluntad para evitar que terceras personas se aprovechen indebidamente de una relación de confianza.
Para lograrlo de manera integral, la iniciativa plantea reformas a tres ordenamientos clave:
- Ley para la Protección Especial de las Personas Adultas Mayores:
Se amplía el concepto de violencia patrimonial para reconocer que no solo ocurre mediante la sustracción física de un bien, sino también a través del uso indebido de poderes, mandatos, firmas o documentos, o mediante actos de disposición obtenidos con engaño, amenaza, presión o manipulación.
Asimismo, se garantiza el derecho a recibir información clara sobre las consecuencias de actos jurídicos (como donaciones o compraventas) y a contar con asesoría preventiva.
- Código Civil del Estado:
Se fortalecen los mecanismos legales frente a quienes obtengan un beneficio desproporcionado aprovechándose de una situación de dependencia o vulnerabilidad. - Código Penal del Estado:
Se introduce una protección específica frente a los delitos de fraude y abuso de confianza. Cuando estos ilícitos se cometan en contra de una persona adulta mayor y el agresor se aproveche de una relación de parentesco, cuidado, dependencia, convivencia, confianza o administración de bienes, la sanción se incrementará en una mitad en sus mínimos y máximos.
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