Por Mariana Ávila Montejano
Todos los días, algún acto de violencia, premeditado o no va cobrando vidas y deja un mensaje marcado en cada comunidad, en cada memoria. La violencia no termina cuando cesa una agresión ni cuando una noticia desaparece de los medios de comunicación. Sus efectos permanecen en las familias, alteran la vida cotidiana y modifican la manera en que habitamos los espacios. Poco a poco, el miedo comienza a ocupar lugares que, deberían pertenecer a la libertad, la confianza y la convivencia.
Las amenazas que enfrentan periodistas y personas defensoras de derechos humanos en Aguascalientes nos obligan a mirar más allá de cada caso. Mientras algunas agresiones alcanzan visibilidad pública, miles de familias, jóvenes y comunidades enfrentan cotidianamente, distintas expresiones de violencia, muchas veces sin garantías suficientes de protección. Las familias que buscan a sus seres queridos, las mujeres que exigen justicia y, quienes defienden derechos humanos conocen demasiado bien lo que significa vivir en la incertidumbre y aprender a reconocer los riesgos como parte de la vida diaria.
No estamos hablando solamente de hechos violentos. Estamos hablando de los mensajes que dejan en el tejido social: quién puede hablar, quién debe callar, quién puede ocupar el espacio público sin miedo y quién termina modificando su vida para sobrevivir.
El Miedo no Termina Cuando Termina la Amenaza
Quienes acompañamos a personas que viven bajo amenazas sabemos que el miedo no se queda en el momento de la agresión. Se instala en la vida cotidiana, modifica decisiones, obliga a tomar precauciones y, alcanza también a las familias. Está en las rutas que se modifican, en las actividades que se suspenden y en la incertidumbre de no saber qué puede suceder después.
Lo digo también desde mi propia experiencia. Vivir bajo amenazas y acompañar a quienes enfrentan situaciones de riesgo me ha permitido reconocer que no basta con decirle a alguien que denuncie, que confíe o que continúe con su trabajo. Hay que preguntarse qué garantías existen para que pueda hacerlo sin poner en riesgo su vida.
Por eso indigna que, frente a cada nueva amenaza, parezca que volvemos a empezar desde cero. Las familias, las personas defensoras y quienes ejercen el periodismo llevan tiempo advirtiendo sobre los riesgos. “No es algo que no supieran”,
Las preguntas son: ¿qué hicieron las autoridades con esas advertencias?, ¿qué medidas adoptaron y por qué tantas personas siguen enfrentando el miedo sin tener certeza de que las instituciones podrán protegerlas?
La Violencia También Deja Marcas en la Memoria Colectiva
El filósofo camerunés Achille Mbembe desarrolló el concepto de “necropolítica” para analizar las formas de poder que exponen a determinadas poblaciones a la muerte y producen condiciones desiguales de vulnerabilidad (Mbembe, 2003).
Esta perspectiva nos permite mirar más allá de las cifras de homicidios, las amenazas registradas o las agresiones que ocupan los titulares. Nos obliga a observar las condiciones que hacen posible que ciertas personas y comunidades vivan bajo un riesgo persistente, que sus denuncias no encuentren respuestas suficientes o que ejercer sus derechos termine condicionando sus decisiones.
Cuando una comunidad modifica sus rutinas por miedo, cuando una persona evita denunciar por temor a las consecuencias o cuando una familia debe aprender a vivir con la ausencia de alguien, la violencia ya ha producido efectos que trascienden a sus víctimas directas.
Cada agresión deja una huella, pero también un mensaje. Cuando esos mensajes se repiten y las respuestas institucionales no ofrecen certeza, corremos el riesgo de aceptar como inevitable aquello que debería indignarnos.
No podemos acostumbrarnos a que vivir con miedo sea el precio por ejercer nuestros derechos.
Tener una ley no Significa Garantizar Protección
Al fiscal de Aguascalientes hay que recordarle que la violencia, sus consecuencias y las exigencias de protección no son asuntos nuevos ni desconocidos.
Durante años, familias, colectivos, periodistas, organizaciones civiles y personas defensoras han denunciado y documentado los riesgos que enfrentan. Han puesto sus voces, su trabajo y, en ocasiones, su propia seguridad al servicio de una sociedad que necesita conocer lo que sucede dentro de sus comunidades.
Aguascalientes cuenta con una Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y con una Coordinación Estatal encargada de atender asuntos relacionados con esa protección. Sin embargo, la existencia de una ley y de una estructura administrativa no demuestra, por sí misma, que exista una política efectiva capaz de prevenir agresiones y proteger vidas.
La pregunta es qué tan capaz es esa estructura de responder a las amenazas, prevenir las agresiones, dar seguimiento a los casos y garantizar que quienes ejercen el periodismo o defienden derechos humanos puedan hacerlo sin poner en riesgo su vida.
No podemos conformarnos con que las instituciones existan en el papel. Necesitamos saber cómo funcionan, qué recursos tienen, qué medidas implementan y qué resultados producen. Necesitamos una estructura de protección con capacidad real de prevención y seguimiento, no una respuesta que llegue cuando el riesgo ya se ha convertido en una agresión.
El Congreso de Aguascalientes no puede responder a las exigencias de protección únicamente señalando que existe una ley. Tiene que demostrar que esa ley protege vidas.
No se trata de atribuir responsabilidades sin pruebas, sino de recordar que conocer un riesgo genera obligaciones de actuación dentro de las competencias de cada autoridad. La prevención, la protección y la investigación no pueden reducirse a declaraciones públicas que pierden vigencia cuando aparece el siguiente caso.
El Contrato Social no Puede ser una Promesa Vacía
Seguimos viviendo bajo un contrato social que supone responsabilidades entre la sociedad y el poder público. El Estado tiene obligaciones concretas de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, reconocidas en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La seguridad, la justicia y la protección de la vida no son favores que las autoridades puedan conceder según, su conveniencia. Tampoco puede exigirse a la ciudadanía que asuma por sí sola el costo de prevenir la violencia o que se acostumbre a vivir bajo amenazas, como si esa fuera una condición inevitable de nuestra realidad.
El contrato social pierde sentido cuando las personas sienten que deben elegir entre ejercer sus derechos y preservar su seguridad; cuando denunciar significa exponerse a nuevos riesgos, cuando buscar a una persona desaparecida se convierte en una lucha que las familias deben sostener casi por cuenta propia.
Quienes denuncian, quienes buscan y quienes defienden derechos no están pidiendo privilegios. Están exigiendo condiciones mínimas para ejercer derechos que el Estado tiene la obligación de garantizar.
Dos Exigencias que no Pueden Seguir Esperando
Las declaraciones de preocupación no son suficientes. Aguascalientes debe atender dos exigencias concretas:
Primera: medidas inmediatas y efectivas de protección para las personas amenazadas.
Las autoridades deben atender los riesgos que enfrentan periodistas y personas defensoras de derechos humanos mediante acciones oportunas, adecuadas a cada caso y coordinadas con las instancias competentes. La protección no puede depender de que una amenaza se convierta en una agresión consumada. Debe responder a los riesgos identificados y contar con seguimiento para evaluar si las medidas realmente funcionan.
Segunda: investigaciones diligentes, prevención y rendición de cuentas.
Las amenazas y agresiones deben investigarse con seriedad, sin minimizar su gravedad ni descartar líneas de investigación de manera anticipada. Las autoridades competentes deben esclarecer los hechos e identificar a las personas responsables cuando corresponda. Asimismo, el Gobierno debe informar, dentro de los límites legales y respetando la confidencialidad de las víctimas, qué acciones preventivas ha implementado y cómo evalúa sus resultados.
No se trata de pedir más discursos y mesas para la foto sobre seguridad. Se trata de exigir condiciones para que las personas puedan vivir, trabajar, buscar, denunciar y defender derechos sin que el miedo determine sus decisiones.
No podemos aceptar que todo esté perdido
Pero no podemos permitir que el silencio impuesto por el miedo se convierta en la única respuesta posible. Acompañar, buscar, denunciar y defender derechos son acciones que sostienen la vida colectiva incluso cuando las instituciones no responden como deberían.
Gobernar significa asumir responsabilidades, reconocer los riesgos y actuar antes de que sea demasiado tarde. También significa comprender que las advertencias de la sociedad no son un obstáculo para el ejercicio del gobernar, sino una obligación para corregir aquello que pone en peligro la vida y los derechos de las personas.
Nadie debería tener que elegir entre guardar silencio y ponerse en riesgo. Nadie debería vivir con miedo por ejercer su trabajo, buscar a sus seres queridos, denunciar una injusticia o defender sus derechos.
La pregunta ya no es solamente cuánto más puede resistir Aguascalientes. La pregunta es cuánto más tiempo puede el Estado aplazar las respuestas que la sociedad lleva años exigiendo.
Porque nadie debería vivir bajo amenazas. Y ninguna sociedad puede llamarse segura mientras haya personas que tengan que organizar su vida alrededor del miedo.
Referencias
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1.º. *Diario Oficial de la Federación*, 5 de febrero de 1917, con sus reformas vigentes.
Mbembe, A. (2003). Necropolitics. *Public Culture, 15*(1), 11–40. https://doi.org/10.1215/08992363-15-1-11
Estado de Aguascalientes. (2023). *Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Aguascalientes*, publicada el 27 de diciembre de 2023, con reforma publicada el 29 de abril de 2025.
“Mariana Ávila Montejano es politóloga, defensora de derechos humanos, acompañante y fundadora del Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes, organización que fundó hace 12 años.
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