Por Mariana Ávila Montejano
¿Por qué nos molesta más que alguien salga a manifestarse que las razones que lo obligaron a hacerlo?
Cuando una protesta interrumpe la rutina, aparecen las descalificaciones: que son flojos, que sus reclamos llevan años, que hay algo oculto detrás de sus exigencias. Pero pocas veces hacemos la pregunta más incómoda: si llevan años denunciando lo mismo, ¿qué han hecho las instituciones para resolverlo?
Porque una injusticia no deja de serlo por volverse costumbre.
Pensemos en la salud. Malos tratos, falta de medicamentos, pésima infraestructura, salarios injustos, falta de personal, trabajo extenuante, corrupción, impunidad e indolencia institucional. Una larga suma de problemas que no desaparecen porque nos incomode la manera en que alguien decide denunciarlos.
El informe *Health Systems in Action 2024: Mexico*, publicado por el Observatorio Europeo de Sistemas y Políticas de Salud, documenta un sistema fragmentado y desigual, con barreras económicas y geográficas para acceder a la atención y escasez de personal sanitario (González Block et al., 2025). No estamos ante problemas que puedan resolverse desacreditando a quienes los padecen o los denuncian.
Sin embargo, terminamos enfrentando a trabajadores y pacientes, como si unos fueran responsables del sufrimiento de los otros. Mientras discutimos quién cerró una calle, dejamos de preguntar quién tiene la obligación de garantizar el derecho a la salud.
“¿A quién beneficia que nos enfrentemos entre quienes necesitamos una atención digna y quienes trabajan en condiciones que también pueden ser indignas?”
La protesta social es una forma de ejercer derechos fundamentales, entre ellos la libertad de expresión y la reunión pacífica. Podemos discutir las formas de manifestarse, pero no deberíamos utilizar ese debate para descalificar las demandas ni evadir las responsabilidades institucionales.
Hay algo de esta discusión que conozco desde hace años. Quienes salimos a exigir justicia por los feminicidios y a acompañar la búsqueda de nuestras y nuestros desaparecidos también hemos escuchado insultos, descalificaciones y acusaciones por manifestarnos. Se nos cuestiona por salir a las calles, por incomodar, por no guardar silencio. Se intenta desplazar la atención de la injusticia que denunciamos hacia la molestia que provoca nuestra exigencia.
Pero los feminicidios no dejan de importar porque llevemos años denunciándolos. Las personas desaparecidas no dejan de tener derechos porque sus familias sigan buscando. La exigencia de justicia no pierde legitimidad porque incomode ni porque quienes tienen la obligación de responder prefieran que dejemos de preguntar.
Y no, los insultos no nos han detenido.
Por eso me pregunto qué nos está pasando como sociedad cuando reproducimos esa misma descalificación frente a otras personas que salen a exigir condiciones dignas. ¿En qué momento comenzamos a defender más nuestra comodidad que los derechos de quienes están reclamando justicia?
Si no estamos de acuerdo con algunos reclamos, ¿por qué no salimos y planteamos los nuestros? Si no queremos que cierren las calles, ¿por qué no construimos alternativas que realmente funcionen, en lugar de repetir las que la historia ya nos mostró insuficientes?
No necesitamos coincidir en cada demanda ni compartir todas las formas de protesta para reconocer que hay problemas que nos conciernen colectivamente. Si rechazamos determinadas formas de manifestación, construyamos alternativas que permitan ejercer derechos y alcanzar soluciones. Pero no usemos el desacuerdo como excusa para descalificar, dividirnos o abandonar las causas comunes.
Y hay algo más que no podemos perder de vista: ¿qué sucede cuando el deterioro de los servicios públicos hace que quienes pueden pagar recurran a proveedores privados, mientras otras personas quedan expuestas a mayores barreras de acceso? El informe citado documenta la importante participación de proveedores privados en la atención ambulatoria en México (González Block et al., 2025). Defender la salud pública también exige discutir el financiamiento, la desigualdad y las decisiones políticas que determinan quién puede recibir atención y en qué condiciones.
¿Por qué no nos sumamos a la defensa de la salud pública? ¿Por qué no exigimos, juntas y juntos, medicamentos, personal suficiente, condiciones laborales dignas, transparencia y rendición de cuentas? ¿Por qué toleramos que las estructuras de poder y los cacicazgos políticos se reproduzcan mientras las necesidades de la población siguen esperando?
No escribo esto desde la neutralidad. Lo escribo desde la defensa de los derechos humanos y desde la convicción de que ninguna sociedad puede construirse sobre el silencio de quienes padecen sus injusticias.
La salud pública, la búsqueda de las personas desaparecidas, la exigencia de justicia frente a los feminicidios y la defensa de condiciones laborales dignas no son luchas idénticas, pero comparten una pregunta fundamental: ¿qué hacemos cuando los derechos no están siendo garantizados?
Podemos seguir enfrentándonos entre quienes protestan y quienes se sienten afectados por la protesta. O podemos preguntarnos cómo construir respuestas colectivas, exigir responsabilidades y evitar que las diferencias terminen sepultando aquello que tenemos en común.
La pregunta no es por qué protestan ahora por algo que lleva años ocurriendo. La pregunta es por qué sigue ocurriendo y qué vamos a hacer para cambiarlo.
Porque no basta con indignarnos cuando una injusticia nos toca directamente. La pregunta es si seremos capaces de defender los derechos de otras personas antes de tener que salir a la calle para exigir los nuestros.
Referencias
González Block, M. A., Morales-Vázquez, M., Reyes, H., Hernández Galdámez, D., & Reducindo Maldonado, O. (2025). *Health systems in action 2024: Mexico*. European Observatory on Health Systems and Policies. https://eurohealthobservatory.who.int/publications/i/health-systems-in-action-2024-mexico
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. (2022). *Recomendación General 46/2022*. https://hist.cndh.org.mx/documento/recomendacion-general-46
*Mariana Ávila Montejano es politóloga, defensora de derechos humanos, acompañante y fundadora del Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes, organización que fundó hace 12 años.
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