Por Mariana Ávila Montejano
Hace poco viví un robo. Lo primero que me preguntaron fue qué había hecho yo para que me robaran.
La pregunta me hizo pensar en una narrativa que escucho desde hace tiempo cada vez que se habla de un delito o de una violación a derechos humanos: antes de preguntarnos quién ejerció la violencia, preguntamos qué hizo la persona que la padeció.
¿Por qué estaba ahí?, ¿por qué confió?, ¿por qué no se fue antes? ¿por qué no denunció? ¿por qué tomó esa decisión?
Las preguntas parecen buscar explicaciones, pero muchas veces terminan construyendo una acusación contra la propia víctima. La responsabilidad se desplaza de quien ejerce la violencia hacia quien la recibe, como si alguna decisión, comportamiento o circunstancia pudiera justificar la agresión.
La violencia no termina necesariamente cuando cesa la agresión. También puede continuar a través de las palabras, de las instituciones y de una sociedad que exige a quien la ha sufrido demostrar que no tuvo la culpa.
Lo vemos cuando una mujer denuncia violencia sexual y las preguntas se concentran en su comportamiento, sus decisiones o la relación que mantenía con su agresor. Lo vemos cuando niñas y niños no encuentran condiciones para hablar de la violencia que viven en sus hogares porque temen que lastimen a las personas que aman, porque dependen de quien les agrede o porque han aprendido que su confianza puede ser utilizada en su contra.
También sucede cuando las instituciones reciben una denuncia y, antes de investigar los hechos, colocan sobre quien denuncia una carga de sospecha. La obligan a repetir su historia, a recordar cada detalle, a responder preguntas que ponen en duda su palabra. En ocasiones, la experiencia llega a ser tan desgastante que comienza a dudar de sí misma: si entendió mal, si exagera, si aquello que vivió fue realmente tan grave.
La revictimización ocurre cuando los prejuicios sustituyen la investigación y se convierten en una barrera para acceder a la justicia.
Esta misma lógica adquiere una dimensión particularmente grave cuando hablamos del reclutamiento forzado de niñas, niños y jóvenes por parte de grupos de la delincuencia organizada.
Se les culpa porque subieron a un autobús, respondieron una llamada, enviaron documentos o aceptaron una oferta de trabajo. Se afirma que acudieron voluntariamente porque les ofrecieron dinero, porque querían ganar más o porque tomaron una decisión equivocada. Como si esas acciones bastaran para demostrar que existieron libertad real, información suficiente y posibilidades efectivas de negarse o retirarse.
Pero ¿qué sucede cuando una oferta de trabajo se convierte en una situación de cautiverio?, ¿qué ocurre cuando una persona descubre que ha sido llevada a un lugar donde se cometen delitos, presencia la violencia contra sus compañeros y comprende que también puede convertirse en víctima?, ¿qué significa aquella decisión inicial cuando después aparecen las amenazas, las agresiones y el peligro para su familia?
Quienes reclutan pueden convertir la participación inicial en una trampa: “tú aceptaste venir, tú ya estás aquí, tú también eres responsable”. Si la persona intenta escapar, la amenaza puede dirigirse contra quienes ama. Si se niega a participar en determinadas actividades, puede sufrir represalias. Si presencia delitos o es obligada a intervenir en ellos, su situación puede volverse todavía más peligrosa.
Así, el reclutamiento no consiste únicamente en conseguir que alguien llegue a un lugar. Puede implicar someterlo mediante amenazas, violencia y miedo, restringir sus posibilidades de escapar y utilizar después su propia permanencia para presentarlo como delincuente. La coerción queda oculta detrás de una decisión anterior, como si aceptar una oferta significara consentir todo lo que sucedería después.
“Primero se restringe la libertad de una persona; después se utiliza esa misma situación para responsabilizarla de la violencia que vive o de aquello que fue obligada a hacer”.
Esta narrativa no solamente puede operar desde los grupos que reclutan. También puede reproducirse en la sociedad y en las instituciones cuando se criminaliza a jóvenes sin investigar las circunstancias en las que fueron captados, las amenazas que enfrentaron, las posibilidades reales de negarse o las condiciones en las que participaron en determinados hechos.
La respuesta no puede consistir en declarar de antemano que todas las personas reclutadas son ajenas a cualquier responsabilidad, ni en asumir que todas vivieron las mismas circunstancias. Se trata de investigar cada caso, distinguir las situaciones de coerción y victimización, garantizar el debido proceso y determinar las responsabilidades individuales con base en los hechos, no en estereotipos.
Para comprender estas violencias necesitamos aprender a mirar de manera ecológica cada suceso. No podemos observar a una persona como si existiera aislada del mundo. El análisis debe ser especializado, diferenciado e individualizado, sin perder de vista los contextos social, político, económico, familiar, cultural y geográfico en los que transcurre su vida.
Necesitamos comprender cómo interactúan esos factores y cómo impactan en su cuerpo, su mente, sus afectos, su historia y su capacidad para tomar decisiones. No es lo mismo decidir con alternativas reales que hacerlo bajo amenaza, dependencia, engaño o miedo a que lastimen a quienes amamos.
Una misma acción puede adquirir significados completamente distintos según las condiciones en las que ocurre. Aceptar un empleo, confiar en un familiar o tardar en denunciar no puede interpretarse al margen de la historia de quien vive esas circunstancias. Mucho menos puede convertirse, por sí solo, en prueba de consentimiento o responsabilidad penal.
Comprender el contexto no significa negar la capacidad de decisión de las personas. Significa reconocer las condiciones concretas en las que ejercen esa capacidad y evitar que nuestros prejuicios ocupen el lugar de una investigación rigurosa.
Hay un hilo que conecta estas experiencias: la utilización del miedo dentro de relaciones desiguales de poder. Un miedo que puede aprenderse desde muy temprano, instalarse en los hogares, atravesar las relaciones afectivas, ser utilizado por grupos criminales y encontrar nuevas formas de expresión cuando las instituciones desacreditan a quienes denuncian.
Cuando una niña teme contar lo que le sucede, cuando una mujer piensa dos veces antes de denunciar o cuando un joven cree que escapar pondrá en peligro a su familia, el miedo no es solamente una reacción individual. También expresa relaciones de poder que restringen la libertad. Y cuando la culpa se suma al miedo, el sometimiento puede prolongarse: la persona comienza a preguntarse si merece lo que le sucede, si tomó malas decisiones o si alguien le creerá.
Por eso necesitamos disputar estas narrativas. No para negar las responsabilidades individuales, sino para impedir que se utilicen como pretexto para ocultar la coerción, la violencia y las obligaciones del Estado.
Una sociedad que responsabiliza automáticamente a las víctimas termina favoreciendo la impunidad de los agresores. Unas instituciones que sospechan primero y protegen después pueden convertirse en una barrera adicional para acceder a la justicia. Frente al reclutamiento forzado, esto puede significar que las personas sometidas por grupos criminales sean juzgadas sin que antes se investiguen las condiciones de su captación, las amenazas que enfrentaron y las posibilidades reales que tuvieron de escapar.
La pregunta no debería ser únicamente por qué una persona estaba ahí, por qué aceptó una oferta o por qué tardó en denunciar. También debemos preguntar quién ejerció la violencia, qué relaciones de poder la hicieron posible, qué amenazas limitaron la libertad y qué hicieron —o dejaron de hacer— las instituciones responsables de proteger los derechos de las personas.
Cuando la primera pregunta es qué hizo la víctima, corremos el riesgo de dejar de preguntar quién ejerció la violencia. Y cuando dejamos de hacer esa pregunta, la culpa ocupa el lugar de la justicia.
“Mariana Ávila Montejano es politóloga, defensora de derechos humanos, acompañante y fundadora del Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes, organización que fundó hace 12 años.
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