Deshumanización y Crisis de Atención en la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes
Por Erick Romanny Vázquez Reynoso
A punto de cerrar el año 2026, la procuración de justicia en nuestro estado padece una patología estructural que duele tanto como el delito mismo. Como profesional del derecho, observo a diario en los pasillos ministeriales una realidad innegable: para miles de aguascalentenses, cruzar las puertas de la Fiscalía General del Estado (FGE) no representa el inicio de la reparación del daño, sino el comienzo de un segundo trauma. Nos enfrentamos, de manera sistemática, a una revictimización institucional que desgarra el tejido social y pone en entredicho el Estado de Derecho.
Aquí conviene ser riguroso con los datos, porque la gravedad del problema no está donde suele colocarse. Aguascalientes no es un estado donde la gente desconfíe más que en el resto del país; al contrario. En la medición más reciente del INEGI, la percepción de inseguridad en la entidad fue de 41.0 por ciento, la tercera más baja del país, solo por encima de Coahuila y Yucatán. Es decir, vivimos en uno de los estados donde la ciudadanía se siente comparativamente más segura. Precisamente por eso el dato que sigue debería escandalizarnos más, no menos.
Porque aun en ese entorno, cuando una víctima decide denunciar, el sistema la expulsa. En Aguascalientes, durante 2024, se denunciaron apenas 12.7 por ciento de los delitos, y de esas denuncias el Ministerio Público o la Fiscalía estatal inició una carpeta de investigación en solo 59.1 por ciento de los casos. En términos llanos: del total de delitos cometidos en el estado, únicamente en 7.5 por ciento se abrió una carpeta de investigación. La llamada cifra oculta —los delitos que nunca se denuncian o que, denunciados, no derivaron en investigación— asciende a 92.5 por ciento, y el deterioro es medible: un año antes, en 2023, se denunciaba 14.8 por ciento de los delitos y se investigaba 10.2 por ciento. El embudo se está cerrando.
Más allá de las remodelaciones al edificio, la infraestructura moderna o los discursos sobre blindaje y seguridad que dominan la agenda, la realidad operativa revela un sistema caracterizado por la deshumanización del servicio. La indolencia y la apatía de muchos servidores públicos actúan como un muro de contención que disuade la denuncia y perpetúa la impunidad. No hablamos de casos aislados ni de un mal día en la oficina del ministerio público, sino de una cultura organizacional que ha normalizado el trato hostil hacia quien exige justicia.
Es momento de desmantelar la cómoda excusa oficial de la «falta de cultura de la denuncia». Las razones por las que las y los hidrocálidos no acuden a la Fiscalía son un reproche directo a la autoridad, cuyas razones principales se traducen en que denunciar es una pérdida de tiempo (35.2 por ciento), seguida por la desconfianza en la autoridad (11.3 por ciento); ambas, como reconoce el propio INEGI (ENVIPE 2025), son causas atribuibles a la propia autoridad. La apatía institucional se ha convertido en un factor disuasorio más potente que el miedo al delincuente. El ciudadano prefiere absorber el costo del delito antes que someterse al maltrato pasivo del Ministerio Público.
Esta indolencia se respira en frases que, tristemente, se han vuelto el pan de cada día en las agencias: «Venga mañana, no jala la copiadora», «Eso no es delito, mejor arréglese con la persona», “el ministerio público no lo puede recibir, venga la siguiente semana” o el intolerable cuestionamiento moral hacia la víctima en delitos de índole sexual, que no deberíamos confundir con cuestiones burocráticas, sino que se trata de actos de violencia institucional que deben tener consecuencias para las y los funcionarios públicos que los cometen. Y la deshumanización no es solo un problema de actitud; es el cuello de botella de nuestros resultados. A nivel nacional, de las denuncias en las que sí se abrió investigación, 77.6 por ciento no arrojó conclusión alguna en 2025, y apenas 1.1 por ciento del total de delitos tuvo una resolución positiva para la víctima. Las carpetas quedan en el abandono procesal en el archivo temporal, mientras las familias de delitos de alto impacto repiten su tragedia una y otra vez ante la constante rotación de Agentes del Ministerio Público, sin ver un sólo avance sustancial en las pesquisas.
La crisis de la FGE no se resolverá únicamente inyectando presupuesto, comprando patrullas o inaugurando edificios inteligentes. El problema raíz es cualitativo y estrictamente humano, y para revertirlo es imperativo una reingeniería en ese mismo sentido: primero, sancionar la indolencia, con consecuencias administrativas reales para quien obstruya o dilate injustificadamente la atención; segundo, digitalizar de verdad la denuncia de delitos menores y patrimoniales, para liberar al personal capacitado y que atienda con prontitud y dignidad los delitos de alto impacto y, finalmente, construir liderazgos que entiendan que la eficiencia de un fiscal no se mide por el volumen de carpetas aperturadas, sino por cuántas personas sintieron, genuinamente, que se les hizo justicia.
Mientras la FGE siga operando bajo la lógica de la indiferencia, la justicia en Aguascalientes seguirá siendo selectiva y discriminatoria, un privilegio para quien tiene el tiempo, el dinero o las conexiones para exigirla, y una dolorosa utopía para el ciudadano común que aguarda por horas en una silla de la sala de espera.
Erick Romanny Vázquez Reynoso
Abogado y Analista en Justicia y Seguridad Pública
Fuentes y nota metodológica
Todas las cifras provienen de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI.
- Los datos estatales de Aguascalientes (denuncia de 12.7 %, carpetas en 59.1 %, cifra oculta de 92.5 %, razones de no denuncia, y los comparativos de 2023) corresponden a la ENVIPE 2025, con año de referencia 2024, que es la última entrega con desglose estatal publicado a esta fecha.
- Los datos nacionales (77.6 % de denuncias sin conclusión y 1.1 % con resolución positiva) y el dato estatal de percepción de inseguridad (41.0 % en Aguascalientes) corresponden a la ENVIPE 2026, con año de referencia 2025, publicada el 10 de septiembre de 2026.
| Dato citado | Valor | Ámbito | Fuente |
| Delitos denunciados en Aguascalientes (2024) | 12.7 % | Estatal | ENVIPE 2025 Ags. |
| De esas denuncias, se inició carpeta | 59.1 % | Estatal | ENVIPE 2025 Ags. |
| Del total de delitos, se investigó | 7.5 % | Estatal | ENVIPE 2025 Ags. |
| Cifra oculta en Aguascalientes | 92.5 % | Estatal | ENVIPE 2025 Ags. |
| Razón principal de no denuncia: pérdida de tiempo | 35.2 % | Estatal | ENVIPE 2025 Ags. |
| Segunda razón: desconfianza en la autoridad | 11.3 % | Estatal | ENVIPE 2025 Ags. |
| Percepción de inseguridad en Aguascalientes | 41.0 % | Estatal (3.ª más baja) | ENVIPE 2026 comunicado |
| Denuncias sin conclusión alguna (2025) | 77.6 % | Nacional | ENVIPE 2026 comunicado |
| Delitos con resolución positiva para la víctima | 1.1 % | Nacional | ENVIPE 2026 comunicado |
| Cifra oculta nacional (2025) | 93.4 % | Nacional | ENVIPE 2026 comunicado |









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