Lo que la Fiscalía no Presume

Por Erick Romanny Vázquez Reynoso

Detrás del tercer lugar nacional, una institución que resuelve apenas 11 de cada 100 carpetas

La Fiscalía General del Estado lo anuncia con una medalla de bronce al centro de su banner: tercer lugar nacional en el Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías 2026, de Impunidad Cero, con 58.3 puntos. El dato es cierto, pero no cuenta la historia completa. En el banner, como en la nota de prensa que lo difundió en agosto, aparece la calificación global y nada más. Al revisar el informe íntegro se entiende por qué: más allá del podio hay una institución que destaca en la puerta de entrada y se rezaga en lo único que al final importa, resolver.

Lo que sí merece reconocimiento es lo que explica el tercer lugar. Aguascalientes tiene el segundo porcentaje más alto de delitos denunciados del país (12.7 por ciento), tiempos de espera para denunciar muy por debajo del promedio nacional, una confianza en el Ministerio Público superior a la media y la segunda menor impunidad en homicidio doloso entre 2016 y 2021. Ninguno de esos indicadores mide si los casos se resuelven.

El que sí lo mide, la efectividad en la resolución, ubica al estado en el lugar 22 de 32. En 2024, apenas 11.3 por ciento de las investigaciones tuvo una salida efectiva, menos de la mitad del promedio nacional (23.1 por ciento), y eso que el índice cuenta como efectivas incluso decisiones como el no ejercicio de la acción penal. La probabilidad de que un delito cometido aquí sea denunciado y esclarecido es de 0.85 por ciento, por debajo del promedio del país: de cada 100 delitos, menos de uno termina con una respuesta efectiva del Ministerio Público.

Ahí está la paradoja. En Aguascalientes el ciudadano cumple: denuncia más que en casi cualquier otra entidad y confía más que el promedio. La institución, en cambio, le devuelve menos resultados que en la mayoría del país. La disposición ciudadana sostiene el ranking; la Fiscalía se adjudica el mérito.

El mismo informe ofrece las causas. Cada agente del Ministerio Público cargó en 2024 con 251 carpetas, casi el doble del promedio nacional y la cuarta carga más alta del país, con personal sustantivo y presupuesto por habitante por debajo de la media. Como litigante lo constato en las agencias: carpetas que duermen meses sin una diligencia relevante y víctimas que regresan una y otra vez a preguntar por su asunto.

Casi todos esos datos son de 2024, previos a la administración que asumió el 1 de marzo de 2025. Si el tercer lugar es herencia, también lo son los pendientes; la diferencia es que unos se presumen y otros se callan. Pero 2025 ya tiene números. Según lo que la propia Fiscalía reportó al INEGI, ese año registró casi el doble de determinaciones en la etapa inicial y aun así cerró con 108,357 procedimientos pendientes, casi tres veces las carpetas que abrió en el año y más que los 82 mil 262 de un año antes. El censo no dice de qué tipo fueron esas determinaciones, y el índice advierte que las salidas administrativas tempranas pueden simular eficiencia. Más cierres con más rezago no es un logro; es una pregunta que la Fiscalía debería contestar.

Impunidad Cero propone que, en periodos de nueve años, la permanencia del fiscal a partir del cuarto o quinto año dependa de aprobar un informe de gestión centrado en resolver carpetas, reducir la cifra negra y ganar confianza. En Aguascalientes se hizo lo contrario: en febrero de 2026, el Congreso amplió de siete a nueve años el periodo del fiscal en funciones, que podría quedarse hasta 2034, sin que, hasta donde se ha informado, se le condicionara a resultado alguno. El anexo de autonomía del índice añade que aquí el Ejecutivo puede remover al fiscal y el Congreso solo objetar. Un fiscal que llegó directamente del gabinete estatal, con nueve años por delante, debería ser el primer interesado en rendir cuentas con indicadores. La estabilidad sin evaluación no es autonomía; es permanencia.

Esa debería ser la conversación pública, y no la del podio. ¿Cuál es la meta de efectividad de la Fiscalía? ¿En cuánto tiempo piensa abatir más de cien mil procedimientos pendientes? Una institución segura de su desempeño respondería con datos.

Esa medalla de bronce se ganó en una tabla donde ninguna fiscalía del país alcanza 62 de 100 puntos. No es un sello de excelencia; es, en el mejor de los casos, una invitación a dejar de mirarse en el espejo y empezar a mirar las carpetas. A la víctima de un robo, de un fraude, de tortura o de una violación no le sirve que su Fiscalía sea la tercera del país. Le sirve que su caso se resuelva. Y eso, según el mismo índice que hoy se presume, ocurrió en apenas 11 de cada 100 carpetas.

*Erick Romanny Vázquez Reynoso

Abogado y Analista en Justicia y Seguridad Pública

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