Por Mariana Ávila Montejano
Ayer el Congreso de Aguascalientes designó a la representante de las personas defensoras de derechos humanos ante el mecanismo estatal de protección. Lo hizo sin que las defensoras supiéramos cómo ni por qué, y bajo un reglamento que parece escrito para llegar a un resultado ya decidido.
Sabemos que desde la emisión de la convocatoria el proceso estaba a modo. No establecía un procedimiento transparente: sus reglas eran ambiguas y dejaban en manos del Congreso criterios que nunca explicó. Esa ambigüedad no es un descuido, es el mecanismo. Permite decidir con discrecionalidad y asegurar que no quedaran personas con capacidad real de defendernos.
Lo de ayer no fue una elección, fue la formalización de una decisión tomada antes.
Se llama Erika Janette Rodríguez. Su perfil la muestra como un puente empresarial entre el gobierno de Aguascalientes y Estados Unidos. Ahí, en ese ámbito, seguramente la defenderán. Pero esto no es un concurso de afectos: es un mecanismo para quienes estamos en riesgo, y quien se siente en esa silla debe conocer ese riesgo desde adentro, haber acompañado, denunciado, documentado, perdido noches. No la conocemos desde ahí. A mi juicio, no nos representa, y su nombramiento es un riesgo para nosotras.
No es una cuestión personal. Es un asunto de método y de poder. Un proceso con inconsistencias, reglas ambiguas y descaradamente opaco no produce representación: produce control. Y un mecanismo controlado por quienes no están en riesgo no protege, administra el silencio.
Lo digo como defensora y como feminista, porque las mujeres sabemos bien lo que pasa cuando otros hablan por nosotras. Nos pasó con las leyes que se escribieron sin nosotras, con las instituciones que nos «representan» mientras nos ignoran, con las carpetas que se cierran en voz baja. Nos pasa cada vez que el poder decide quién puede hablar por quién.
El contexto no admite más simulación. En México, alzar la voz o cuestionar se paga con amenazas, con hostigamiento, con desaparición, con muerte. La credibilidad de las instituciones está por los suelos, y cada decisión como esta la hunde más. Lo mínimo que se debe garantizar es un proceso transparente, abierto y verificable, con legitimidad democrática.
Los periodistas lo entendieron antes que nadie: ayer tomaron la tribuna y gritaron «proceso opaco». Tenían razón. Esa denuncia también es nuestra, porque la misma opacidad que los afectó a ellos nos afecta a nosotras.
Por eso exigimos que se publiquen el dictamen, los criterios y el sentido de cada voto. Que se reponga el procedimiento si no puede demostrar que respetó la participación de los sectores a los que dice representar. Y que quienes representen a defensoras y periodistas sean elegidas desde sus propios sectores, no desde los pasillos del Congreso.
No vamos a aceptar que nos representen quienes no nos conocen. Si el mecanismo no sirve a quienes están en riesgo, funciona en contra.
Mariana Ávila Montejano
Politóloga y defensora de derechos humanos







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