Congreso Legisló a Espaldas del Periodismo en Aguascalientes

Por Benny Díaz

Hay sesiones legislativas que transcurren bajo la apacible rutina del orden del día, donde los consensos previamente pactados se desahogan con discursos formales y votaciones predecibles. Sin embargo, este jueves la LXVI Legislatura del Congreso del Estado de Aguascalientes vivió una de sus jornadas más tensas y reveladoras. El recinto no fue tomado por contingentes partidistas ni por manifestantes externos, sino por quienes diariamente atestiguan el quehacer parlamentario: la gran mayoría de las y los periodistas de Aguascalientes. Micrófonos, celulares y cámaras pasaron de documentar la sesión a ocupar la máxima tribuna de la entidad, impulsados por la inconformidad ante un proceso que vulneró la transparencia y las formas republicanas más elementales.

El motivo del desencuentro fue la designación de la representación periodística en la Coordinación Estatal del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. En una materia tan sensible —concebida para salvaguardar la integridad de quienes ejercen la libertad de expresión frente al riesgo y la vulnerabilidad—, el pleno legislativo optó por un método que canceló de tajo el escrutinio público: la votación por cédula. Amparados en el secreto del papel doblado depositado en una urna de acrílico, las y los diputados evitaron fundamentar de cara a la ciudadanía su voto y sus criterios de idoneidad.

El resultado de esa votación favoreció a Cinthya Macías, en un contexto que generó una legítima indignación gremial por su evidente cercanía con los grupos gobernantes, pero, sobre todo, por la singularidad de su postulación: a Cinthya Macías la propuso su propio medio de comunicación, una plataforma informativa en la que únicamente ella labora. El hecho no pasó inadvertido para los comunicadores locales: la representación de todo un gremio terminó recayendo en un proyecto unipersonal que se postuló a sí mismo, mientras que diversos reporteros con amplia trayectoria de campo e investigaciones de riesgo, que cumplieron puntualmente con todos los requisitos de la convocatoria oficial, ni siquiera obtuvieron un acuse de recibido en los correos institucionales de la Comisión de Derechos Humanos.

La reacción de la bancada mayoritaria del Partido Acción Nacional ante la toma de la tribuna osciló entre el silencio incómodo y la descalificación. Mientras la mayoría de los legisladores evitó fijar postura y guardó distancia, destacó la respuesta del diputado Salvador Alcalá Durán, quien, al ser cuestionado sobre las razones técnicas y de representatividad para respaldar dicho perfil, respondió de manera altanera que votó por ella «porque quise». Una contestación que desestima la esencia de la representación popular: el mandato constitucional de rendir cuentas a la sociedad y no actuar por mero arbitrio o capricho personal.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, el diputado Omar Alejandro Valdés Reyes, evidenció una notable falta de oficio político e incapacidad para responder a los cuestionamientos de fondo. Frente a las preguntas directas sobre por qué se ignoraron los perfiles y registros de otros comunicadores y se eludió la etapa de entrevistas públicas, el legislador optó por dar lectura literal a la convocatoria que él mismo había emitido. Una salida burocrática e infructuosa ante un auditorio de profesionales de la información que conocía las bases de memoria y que lo que exigía eran explicaciones éticas y procedimentales.

El episodio culminó en un momento de elocuente cerrazón institucional cuando los reporteros abordaron a Cinthya Macías para cuestionarle de frente si, ante la manifiesta falta de consenso y el rechazo generalizado de sus pares, consideraría renunciar por congruencia ética. La respuesta no provino de la designada: personal del propio Congreso del Estado intervino apresuradamente para cortar las preguntas, argumentando que «ya se había respondido todo». La afirmación no correspondió a la realidad; no hubo diálogo ni réplica sustantiva, únicamente una barrera para proteger a la funcionaria entrante de los cuestionamientos de sus colegas.

En un salón que se fue vaciando, los únicos legisladores que permanecieron en sus curules para escuchar y dialogar fueron los integrantes de la bancada de Morena y el diputado panista Adán Valdivia López. Este último formuló una propuesta que puso en evidencia el despropósito del método parlamentario aplicado: planteó que fueran las y los propios periodistas quienes votaran democráticamente por quien de verdad se sintieran representados, bajo la premisa de que «ustedes se conocen mejor como gremio», para que el Congreso únicamente diera el cauce normativo correspondiente.

Resulta inaceptable que, frente a un reclamo legítimo de transparencia y legalidad, se pretenda desacreditar la movilización recurriendo a etiquetas ideológicas o llamando «chairos» a los inconformes, además del despropósito de afirmar que “cuentan con los videos”, que como ha ocurrido en otras ocasiones, se sacan los hechos de contexto. El principio irrenunciable del periodismo es la neutralidad, el rigor y la distancia crítica frente al poder, independientemente del signo político que gobierne. La protesta no obedece a un diferendo personal contra quien rindió protesta, sino al derecho elemental de exigir que las instituciones operen con neutralidad y autonomía real, y no como extensiones de acuerdos de gabinete o lealtades personales.

Por encima de todo, es imperativo que las autoridades de todos los niveles respeten al gremio periodístico y dejen de considerar sus demandas como un obstáculo. No se puede trivializar un mecanismo de defensa en un entorno nacional donde ejercer el oficio periodístico entraña riesgos reales; se debe un respeto absoluto a quienes han estado amenazados y en peligro comprobado por realizar su labor.

La protesta en tribuna dará paso a recursos legales formales para impugnar un procedimiento viciado de origen. El gran reto a partir de este momento será vigilar que no existan represalias encubiertas —bloqueos informativos, llamadas de presión a directivos— cuando la prensa informe con veracidad y no según los deseos. El periodismo que sirve a la sociedad no se pliega al mejor postor.

Paradójicamente, la decisión cupular del Congreso logró lo que las diferencias de cobertura habían postergado durante años: una articulación orgánica, firme y sin precedentes de las y los periodistas de Aguascalientes. Un gremio que este jueves dejó una advertencia clara en la casa de las leyes: “SI TOCAN A UNO, TOCAN A TODOS”.

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